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Acusan a capo de Guerreros Unidos de ordenar la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El testimonio actualizado de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, señala que El Güero Mugres, dio a la orden de “matarlos a todos”, ejecuciones que se realizaron presuntamente por el Ejército, la Policía Federal, Estatal y Municipal.

Acusan a capo de Guerreros Unidos de ordenar la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
| Reuters

MÉXICO.- El testimonio actualizado del testigo protegido de la Fiscalía General de la República, conocido como Juan, plantea que entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, tanto los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, como las fuerzas del orden que los ayudaron a realizar ataques y detenciones, recibieron la consigna de “matarlos a todos” por parte de un capo conocido como El Güero Mugres.

Su versión sigue contrastando con la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas, que señala que fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan, en Cocula, pero reafirma que no hubo sobrevivientes.

El 20 de mayo de 2021, el testigo participó en una audiencia judicial relacionada con el secuestro de los 43 normalistas, en la que actualizó la declaración que emitió ante el Ministerio Público en febrero de 2020.

En este nuevo relato en poder de MILENIO, Juan narró que los estudiantes murieron tras ser detenidos en Iguala por fuerzas del orden y por integrantes de Guerreros Unidos durante enfrentamientos generados por la llegada de hombres armados en seis camionetas del grupo contrario, conocido como el cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Martínez.

Detalló que las acciones se hicieron con ayuda del Ejército, de la Policía Federal, Estatal y Municipal, quienes respondían a las órdenes de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, a quien señala como el líder criminal que dio la indicación de “matarlos a todos” para no dejar ningún cabo suelto, y a quien las autoridades jamás relacionaron con la desaparición de los estudiantes y que fue ejecutado en 2018.

Juan enlistó en las autoridades que en 2014 supuestamente estaban en la nómina de Guerreros Unidos y le rendían cuentas al Güero Mugres al Secretario de Seguridad estatal, Leonardo Octavio Pérez, al procurador Iñaqui Blanco y el capitán José Martínez Crespo del Ejército.

De la base de la Policía Federal Ministerial estaban los comandantes y los ministerios públicos adscritos en ese momento en Iguala, federales y del fuero común; de la Policía Federal estaban en la base de Iguala el capitán Dorantes, quien Juan había asegurado “no se dejaba sobornar”.

En este relato evita mencionar a Omar García Harfuch, de quien aseguró recibía pagos de Guerreros Unidos en 2014 cuando era coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero, señalamiento que el actual secretario de Seguridad Pública de CdMx negó hace unos meses.

En este relato, Juan dio a entender que las personas que en un principio dijo que fueron entregadas a Guerreros Unidos ya estaban muertas.

“Una vez que los tuvieron muertos, había algunos que se habían llevado los miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Estatal, de la Municipal (actuaron bajo el mando de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía Municipal) y les fueron entregados a Nicolás Nájera y a los hermanos Benítez Palacios.

Días después, en una reunión que tuvimos los Benítez Palacios y yo, supe que habían hecho agua a los estudiantes mediante el uso de ácido y químicos, y algunos otros fueron llevados a crematorios”.

Detalló algunos de los lugares para ocultar a los muertos, pues dice que Nicolás Nájera manifestó que había utilizado una casa en la colonia Granjeles para llevar ahí algunos de los estudiantes, y los Benítez Palacios una casa a espaldas de Plaza Galerías de Iguala.

Sobre la cremación de los restos, señala que se utilizó un crematorio en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, pero agrega que no sabe cuántas personas fueron llevadas ahí.

Refirió que como el caso empezó a ponerse mediático en la madrugada, no alcanzaron a calcinar o disolver todos los cuerpos y algunos restos fueron esparcidos en diferentes puntos de las zonas aledañas a Iguala, entre ellos el poblado de Coacoyula y una mina abandonada en Taxco.

Dijo que en un primer momento pensaron, junto a Iñaqui Blanco, armar unas fosas en el Cerro Grande en Pueblo Viejo para que las familias se conformaran, pero optaron por regresar y tratar de recolectar restos; así fue como los llevaron por el rumbo del basurero de Cocula.

Para ello, ocuparon a un comandante de la policía ministerial del estado, Wenceslao Elizalde, amigo de los Benítez Palacios, quienes le entregaron los restos y los llevaron a tirar por el rumbo de Cocula, de acuerdo con lo que años después le dijo Miguel Ángel Landa El Duva, quien estuvo detenido acusado de la desaparición de los normalistas y fue liberado en septiembre de 2018 por fallas al debido proceso.

El testigo Juan obtuvo la información de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre por radio y mensajes de Blackberry que recibió en su teléfono esa noche y en una reunión que tuvo con quienes participaron en los hechos, la cual se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2014 en un salón de fiestas que estaba a la entrada de un restaurante de mariscos que se llamaba La Jaiba. Sobre la participación del Ejército en los hechos, su más reciente declaración señala que los primeros días de octubre de 2014, en la pozolería Cazadores de la calle de Juárez, en Iguala, platicó personalmente con el capitán José Martínez Crespo y él le refirió que había colaborado a la detención y a entregar a algunos muchachos.

“Lo único que me dijo fue que había apoyado a detener algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 batallón para interrogarlos.

“Posteriormente, él se los había entregado a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios, no me dio más detalles y no se los pedí”, aseguró durante la audiencia judicial realizada en mayo pasado

cog